Estúpida, Equivocada, inútil, enfermedad neuronal, hurto premeditado... estos son algunos de los “piropos” que prestigiosos analistas y blogueros han dedicado a la llamada “ley Sinde” en los últimos días. Duras descalificaciones que han aparecido en blogs y medios digitales acompañadas de reflexiones que desvelan el hartazgo y la irritación de un importante sector de creadores con el poder pero sobre todo algo más profundo: el choque de culturas y de escenarios políticos. La imposición burocrática de la uniformidad frente al estallido de la diversidad.
Frente al “cambio de modelo” como escriben Michele Boldrin, catedrático de la Washington University en St. Louis, y Pablo Vázquez, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en El Confidencial:
la disposición final primera de la LES, por fuerte que sean las presiones del sector, no es una buena idea. No lo es porque no va a aportar nada al cambio de modelo y probablemente lo haga más difícil, haciendo menos atractiva el uso de una herramienta que sí es esencial en este cambio de paradigma; y porque además es equivocada e inútil. Equivocada porque es una ineficaz forma de defender a los artistas e inútil porque cuando se lleve al juez al primer internauta, lo más probable es que mucha gente habrá encontrado otras fórmulas de escuchar música. Sería preferible, por el contrario, que se aprovechara ese texto legal para incorporar las recomendaciones que ha realizado hace pocas semanas la Comisión Nacional de Competencia acerca de nuestra ley de propiedad intelectual y que ponen en cuestión el grado de competencia de algunos de los elementos de este sector.
Para Juan Freire, “el empeño por esta medida solo es explicable si lo entendemos por la necedad de unos políticos que se amparan en su propia ignorancia para defender su supervivencia en el corto plazo. Para Freire “son al menos cuatro las estupideces que se pueden observar en ese empeño, que amenazan nuestro futuro, el de la inmensa mayoría, para privilegiar su presente, el de unos pocos”.
1. Tecnológica: promover un sistema de control ineficiente y hasta ridículo. El más que probable fracaso en la implementación efectiva de los mecanismos legales y tecnológicos de control no hará más que aumentar el descrédito de sus promotores, que podrían aprender mucho de las estrategias tecnológicas que desarrollan diferentes dictaduras para controlar a su población. Al fin y al cabo, los hechos nos dicen que a ambos no les separa tanto la ideología como su inteligencia tecnológica.2. Cultural: defender productos y lógicas de la segunda mitad del siglo 20 y que llevan varias décadas inamovibles mientras se alejan progresivamente de las lógicas y procesos culturales que definen la contemporaneidad y el siglo 21. La cultura que ahora se intenta conservar a costa de todo y de casi todos no es desde hace ya muchos años la conciencia crítica de la sociedad. Bien al contrario, es ahora una buena parte de la sociedad la que tiene que agitar a esa supuesta cultura para sacarla del féretro donde se acomoda.
3. Social: defender las formas organizativas y prácticas sociales que defienden el conservadurismo más recalcitrante tratando de recuperar modelos sociales ya extinguidos, mientras se olvida de los entornos, las instituciones, los ciudadanos y las prácticas donde se está generando la innovación social.
4. Económica: defender sectores económicos y modelos de negocio decadentes y deficitarios, viables solo localmente gracias a un intervencionismo extremo, pero condenados en el medio plazo a su extinción. Mientras, se impide activamente que se desarrollen los modelos de negocio propios de la lógica digital que son los que pueden generar innovación, crecimiento y sostenibilidad en un entorno global.
Carlos Sánchez Almeida, entrevistado en Nación Red días después del Consejo de Ministros, ya había adelantado en Kriptópolis algunas de las “verdaderas intenciones” del gobierno.
La pretensión del Gobierno Zapatero es modificar el tratamiento jurídico de los hipervínculos de Internet, de forma que puedan cerrarse las páginas que recopilan enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor. En lugar de focalizar el problema en la vigente Ley de Propiedad Intelectual –que no define el enlace como comunicación pública de las obras- el Gobierno pretende otorgar competencias a un órgano administrativo, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, para que por ésta se determine qué páginas deben ser cerradas.El sistema mental de nuestros políticos es un triste reflejo de las estructuras jerárquicas donde medran. Unas estructuras jerárquicas, caldo de cultivo de toda corrupción, que les impiden comprender la complejidad de la sociedad-red emergente. En su simpleza, piensan que pueden identificar el índice de libros prohibidos que les permita censurar la Biblioteca. Como quien le quita a un niño el tomo de la letra P de la enciclopedia, para que no pueda buscar la Palabra Prohibida.
Enrique Dans no puede ser más tajante. El prestigioso bloguero llega a poner en cuestión que vivamos en una democracia.
Si creías que vivías en una democracia, te has equivocado. Vives en una pantomima. En un estado de desinformación que se dedica a simular que “aquí no se discute, porque todo va dabuten”. ¿De verdad creíais que vuestra opinión había sido escuchada cuando citaron precipitadamente a un grupo de usuarios de Internet en un ministerio para no dialogar? ¿Cuando les mintieron descarada y abiertamente diciendo que les volverían a citar en breve para hablar sobre el tema? ¿Cuando recibieron los dictámenes de varios organismos pronunciándose en sentido contrario a la Disposición Final Primera? ¿Cuando vieron un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que dejaba claro que estaban siendo manipulados por un monopolio que únicamente defendía sus intereses?Los hechos que hemos presenciado este viernes 19 de marzo a las 14:00 suponen la ocultación consciente de un tema polémico que interesa a millones de ciudadanos, el premeditado hurto al debate público de un asunto que afecta directamente a los derechos fundamentales, y la ignorancia deliberada de la opinión de la Justicia española con respecto a una práctica que desarrollan habitualmente millones de ciudadanos: el “rápido, rápido” y el “silencio, silencio” como forma de evitar que la voz de los jueces se convierta en atronadora prueba de la estupidez y la sinrazón de un gobierno enrocado. Los mismos españoles que tuvimos que aguantar la vergonzosa tramitación de un canon justo antes de unas elecciones para asegurarse una campaña pagada a los “artistas” con el dinero de nuestro bolsillo, vemos ahora como la caricatura de un presidente se dedica a ningunear la discusión y a evitar el tema para no salir en las fotos con la cara roja. O con la nariz crecida. Un gobierno mentiroso, traidor, manipulador, patético, triste. El gobierno, contra los ciudadanos digitales. La pantomima de una democracia.
La “puntilla” llegaba el miércoles con las palabras de un histórico dirigente socialista pionero en la defensa de estándares abiertos en la administración.
En Nación Red | El Gobierno contra los ciudadanos digitales
Foto | Sandra Hernández-gv/GCBA
